El gobernador Kevin Stitt anunció un nuevo plan para deportar a los inmigrantes indocumentados que cumplen condena en las cárceles del estado de Oklahoma una vez que el presidente electo Donald Trump asuma el cargo. Stitt nombró al comisionado de Seguridad Pública, Tim Tipton, para dirigir la iniciativa, que podría afectar hasta 526 reclusos. El plan pretende hacer frente a lo que Stitt calificó como los costes de la «política de fronteras abiertas» de la administración Biden y convertir a Oklahoma en un modelo para otros estados. Sin embargo, los críticos cuestionan la legalidad de tal propuesta, señalando anteriores intentos fallidos de Oklahoma de hacer cumplir la política de inmigración. El plan ha suscitado reacciones encontradas: algunos legisladores apoyan los esfuerzos para expulsar a los delincuentes violentos, mientras que expresan su preocupación por su impacto en la comunidad inmigrante en general. La comunidad latina y los residentes legales han expresado su temor a posibles extralimitaciones. La reciente ley antiinmigración de Oklahoma, HB 4156, ya se enfrenta a desafíos legales y podría entrar en conflicto con la nueva propuesta del gobernador. El debate pone de relieve la tensión entre las funciones estatales y federales en la aplicación de las leyes de inmigración.